Nuevo intento de privatización del sector eléctrico con Decreto Ejecutivo Nro. 238

Este 26 de octubre, Guillermo Lasso suscribió el Decreto que viabilizaría la privatización del sector eléctrico y el inminente incremento de las tarifas en el país

La Asociación de Trabajadores de la Energía y el Petróleo- ANTEP, ante un nuevo intento de privatización, esta vez del sector eléctrico, advierten las siguientes consecuencias que tendría para la ciudadanía la implementación del Decreto Nro. 238 que delinea la política eléctrica del Gobierno Nacional: 

  • Tarifas y condiciones preferentes para el sector privado, a fin de incrementar la generación eléctrica en el país y cumplir la demanda de energía proyectada en el Plan Maestro Eléctrico (Art. 4, Literal D). 
  • Incremento de las tarifas eléctricas para los consumidores finales en todo el Ecuador, a partir del 2022 (Art. 4, Literal R).
  • Se incentivará la participación de empresas del sector privado para la generación, transmisión distribución, comercialización y almacenamiento de energía, alumbrado público, entre otros.
  • Se establece distintos modelos de gestión como asociaciones público-privada, alianzas estrategias y similares para la participación privada, que como conocemos, tan solo son otras formas para referirse a la privatización de los servicios y bienes públicos del sector eléctrico (Art. 4, Literal C).
  • Privatización, a través de procesos públicos de selección, de la Central Térmica Termo Gas Machala, del Sistema de Transmisión Nororiental y la Central Sopladora. Infraestructura en la que el Estado ha invertido ingentes cantidades de dinero y que pasarían a manos privadas sin la inversión, ni el riesgo iniciad que implicó su construcción (Art. 4, Literal C). 
  • Precarización laboral y despidos masivos en las empresas de generación, transmisión y comercialización de energía eléctrica, a escala nacional (Art. 4, Literal I)..

Como trabajadores de la rama de la energía y el petróleo, la ANTEP rechaza contundentemente el contenido del decreto, que es una arista más que evidencia las intenciones del Gobierno de Lasso de privatizar las empresas que le son rentables al Estado como Petroecuador, CNT, CELEC y las más de 15 empresas distribuidoras de electricidad a escala nacional y además, pretende incrementar las tarifas eléctricas a partir del 2022 y golpear aún más el bolsillo de las familias ecuatorianas. 

Tal como hemos presentado las alternativas para el sector hidrocarburífero, proponemos también que las empresas de generación, transmisión y distribución a escala nacional no sean utilizadas como caja chica por el Gobierno de turno y les permita realizar las inversiones que viabilizarán el cumplimiento de los planes maestros de energía y satisfacer así la demanda nacional. 

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