En noviembre de 2023, la terminará el contrato de concesión del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP). Tras la finalización del contrato, la obra deberá revertirse al Estado.
Sin embargo, como ha sido costumbre del Ministro de Energía Fernando Santos Alvite, se busca privilegiar la rentabilidad de la empresa privada por sobre el interés nacional, hablándose entre dientes de una posible extensión del contrato.
Ya en 2020, el entonces Ministro René Ortiz, expuso ante la opinión pública el costo de transporte del barril de petróleo. Según publicó diario Expreso en reportaje del 18 de septiembre de 2020, la tarifa sería de 2 dólares por barril más casi un dólar adicional por la distancia de transporte, es decir, un total de cerca de 3 dólares por barril. En aquel entonces existió una polémica, ya que Petroecuador establecía que se debería pagar 1.40 dólares por barril, debido a que esa era la tarifa que el OCP cobraba a un cliente privado.
Para comparar el precio de transporte del OCP con el costo de transporte de Petroecuador, se puede usar la información obtenida del informe estadístico de la empresa estatal. Para 2022, el costo de transporte fue de aproximadamente 1.03 dólares por barril en el SOTE operado por Petroecuador. La tarifa del OCP, en consecuencia, sería el triple del costo de Petroecuador. Tomando en cuenta que el OCP transporta cerca de 150 mil barriles por día, se tendría un costo adicional de 300 mil dólares diarios (109.5 millones de dólares anuales) en caso de renovar la concesión. Esto es cerca de 2200 millones de dólares en todo el período de concesión.
El discurso que usan los privatizadores es que debe considerarse que las empresas privadas pagan impuestos, y estos también son recursos del estado, además de las inversiones realizadas. Analicemos entonces las cifras de estos 20 años de concesión que están a punto de fenecer.
La obra del OCP entró en operación el año 2003, luego de una inversión privada de 1475 millones de dólares en su construcción, gracias a un contrato de concesión de 20 años. Durante su operación ha transportado un promedio aproximado de 150 mil barriles de petróleo por día, con una capacidad total de transporte de 410 mil barriles por día. Es decir opera muy por debajo de su capacidad.
La utilidad declarada acumulada, según cifras del SRI en estos 20 años ha sido de aproximadamente 351 millones de dólares durante todo el período de concesión, es decir, un promedio de utilidad de alrededor de 19,5 millones de dólares anuales, una vez amortizadas las inversiones iniciales. De esto el OCP ha entregado al estado en concepto de impuesto a la renta cerca de 87 millones de dólares en 20 años. Por otra parte, el impuesto a la salida de divisas causado ha sido de 9.5 millones de dólares, lo que representa que la empresa sacó del país desde el 2008 un valor cercano a los 180 millones de dólares (aquí no se toma en cuenta las inversiones iniciales en su infraestructura). A continuación el desglose de los impuestos pagados por el OCP según el SRI (nótese que en los últimos años no ha reportado utilidad, y por el contrario reporta importantes salidas de capital):
Tras la reversión de la infraestructura estas utilidades le corresponderían al estado ecuatoriano, además del ahorro de 2200 millones de dólares por no pagar la tarifa actual de transporte, sino únicamente el costo (1.03 usd/barril). Es decir, el beneficio de revertir la concesión sería de cerca de 2500 millones de dólares (sumando ahorro más utilidades obtenidas), sin contar la propiedad de la infraestructura valorada en cerca de 1500 millones de dólares.
Cualquier propuesta de extender el contrato debería representar al estado ecuatoriano más que la cifra anotada anteriormente. Como siempre, el Ministerio de Energía será incapaz de demostrar tal beneficio, pero aun así continuará hablando de que el país gana con la privatización.
Por lo expuesto, cualquier extensión del contrato del OCP no puede calificarse más suavemente que “traición a la Patria”. Ya hemos dicho que el gobierno debe cambiar totalmente de rumbo en política petrolera, y para hacerlo debe también cambiar al ejecutor de la política: El Ministro de Energía.
ANTEP 
ESTO ES TRAICIÓN A LA PATRIA.
La más larga pena de prisión, devolución de lo robado en el sobreprecio, entre otros y alta multa para quien como ministro de energía o desde un estamento público petrolero o de cualesquier ámbito público, le ha robado…, traicionando a mi Patria Ecuador.
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Seguimos (los ecuatorianos) en manos de un cartel de técnicos y políticos que hacen de las suyas en desmedro de la nación y por ende de los ecuatorianos.
Querría escuchar un criterio del asambleísta Fernándo Villavicencio al respecto.
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El SOTE con 1.03 US$/BLS paga mantenimiento, operación, reparaciones mayores e impuestos. Así de eficiente. Las inversiones iniciales fueron pagadas en su totalidad y por ello, se revirtió al Estado. El OCP, también en estos últimos 20 años ha pagado toda su inversión (sobrevalorada), en consecuencia tiene que ser revertido al Estado como debe de ser.
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Como un obrero petrolero puedo dar fe de lo dicho por ANTEP, ya que es una asosiación que surge como respuesta a la salvaje privatización que pretende el gobierno de Lasso. Antep es reconocida por su lucha en defensa de la EPPETROECUADOR como una entidad de todos los ecuatorianos así como también de sus trabajadores quienes hemos sido vanalizados por el gobierno actual.
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