(Publicado en el periódico La Fuerza – Octubre 2023)
La electricidad es una de las fuentes fundamentales de desarrollo y por años nuestro país se vio envuelto en los negociados de la generación eléctrica en época de estiaje, con contratos con sobre precio o soluciones parches a una problemática que debe ser atendida de manera técnica y eficiente.
El Ecuador cuenta con un parque generador de electricidad de 8825.31 MW de potencia nominal y 8186.15 MW de potencia efectiva instalada, dividida entre energía renovable y no renovable, la primera con 5343.83 MW mientras que la segunda 2842.32 MW. La energía renovable se compone por la generación hidráulica en un 65.29% y un 2.36 % de energía alternativa (eólica, fotovoltaica, biomasa y biogás) y un 34.72 % de energía térmica (19.79% de motores de combustión interna MCI, 9.66% Turbogás y 5.27% Turbovapor.)
Lamentablemente en época de estiaje en los meses de octubre a marzo del año siguiente la cantidad de agua disminuye en los caudales de los ríos con los cuales se alimentan las centrales de generación al ser predominantemente hidroeléctricas. De ahí cabe preguntarse ¿por qué si se conoce que año tras año este fenómeno natural que golpea a la región es inevitable, no se han implementado alternativas técnicas para solventar la falta de energía? La respuesta es simple, a los gobiernos de turno no les interesa mantener una soberanía de este recurso fundamental, pues la necesidad de abastecer de electricidad a los más de 5.6 millones de usuarios con un consumo total de energía anual fluctúa entre los 23894.48 GWh, divididos en: 33% residencial, 25% industrial, 17% comercial, 11.5% otros clientes, 6% alumbrado público y 7% demanda no regulada y otras ventas, todo esto generó entre noviembre 2021 a octubre de 2022 un valor facturado por 2036 millones de dólares de los cuales se recaudaron 2013 millones aproximadamente.
Desde el punto de vista de los trabajadores organizados en la ANTEP se colige que, la falta de previsión de mantener un parque termoeléctrico operable al 100% permite a estos gobiernos que juegan con la necesidad de la población lanzar procesos de última hora para comprar energía a cualquier costo y, de cualquier forma, declarando con ello la emergencia eléctrica. Los trabajadores sostenemos que la electricidad es un derecho humano, es un servicio público de primera necesidad y no un negocio privado, donde la renta por la venta de esta energía se la llevarán uno pocos, como lo hemos visto en el pasado con los grandes negociados de las barcazas termo eléctricas que se instalaban en los puertos ecuatorianos.
Este es el caso real en los últimos años, debido a que las empresas eléctricas: generadoras, trasmisora y distribuidoras son administradas por funcionarios del gobierno de turno, en muchos casos sin el conocimiento y experiencia necesarias para garantizar medidas a mediano y largo plazo que nos devuelvan la soberanía energética que ya teníamos por varios años y que se han convertido en botín político, con el claro objetivo de sangrar los recursos de los ecuatorianos. Desinvertir en nuevos proyectos que se encuentran planificados desde muchos años atrás y no realizar los planes de mantenimiento necesarios, con ello generan en la ciudadanía la sensación que lo público no es adecuado y la solución es privatizarlas, con nombres rimbombantes como administración o delegación publico privada y concesión.
La ley de empresas públicas es clara y establece la autonomía administrativa y financiera en cada empresa pública, pero se ha convertido en letra muerta, pues el gobierno ha coaptado los directorios de estas empresas con empresarios y personas ajenas al sector eléctrico, mismos que delegan a los administradores por tiempos cortos, incumpliendo además los propios procesos estatutarios en los que se fija el tiempo de acción de cada gerente o administrador de estas empresas. Por ello, las empresas no logran avanzar a ningún lado y se mantienen a flote solo gracias a sus trabajadores que conocen y saben el qué hacer para garantizar el servicio público, pero no pueden avanzar para solucionar estos problemas de estiaje por falta de decisión política.
Hace unas semanas atrás advertimos las intenciones de este gobierno al querer privatizar el campo amistad, con el cual se podría invertir 170 millones de dólares y en tres años duplicar la producción de gas que serviría para la generación en las centrales térmicas de nuestro país, si se entrega este campo a un privado por un costo de 320 millones de dólares el perjuicio para el estado sería de más de 130 millones para realizar la misma actividad que se ejecuta con técnicos ecuatorianos.
Este gobierno que cuenta con menos del 13% de aprobación popular y está ya de salida pretende cerrar los negocios con corporaciones nacionales e internacionales que solo han lucrado del estado como beneficio personal. Un ministro de energía que lleva 40 años en el
sector petrolero, representando a empresas privadas como su asesor legal, no ha logrado en más de un año disponer la ejecución inmediata de medidas reales para evitar los apagones que han sido ya declarados en el país a partir de este viernes 27 de octubre por horarios definidos en periodos continuos desde las 07:00 hasta las 18:00 horas.
Por decencia este Ministro de Energía y Minas debería haber renunciado de manera inmediata pues la solución al estiaje no está en “rezarle a Diosito para que llueva” Los negociados están a flor de piel y los ecuatorianos no permitiremos que se juegue con los recursos que son mal administrados por gobiernos neoliberales de banqueros y empresarios.
Datos obtenidos de: Panorama Eléctrico, Edición 14, Quito – Ecuador, Enero 2023.
ANTEP 