La historia del campo Rubiales en Colombia es un antecedente clave para comprender el entramado de empresas petroleras involucradas en la concesión del campo Sacha en Ecuador. Ante la inminente entrega de Sacha a manos privadas, se evidencian similitudes con Rubiales: la participación de una empresa con un historial cuestionable sobre su manejo laboral, financiero y ambiental en Colombia, la intervención de figuras de la industria petrolera con vínculos internacionales y la falta de transparencia en los procesos de adjudicación de estos recursos estratégicos.
La historia del campo Rubiales en Colombia es un antecedente clave para comprender el entramado de empresas petroleras involucradas en la concesión del campo Sacha en Ecuador.
El caso Rubiales: una advertencia para Ecuador
El campo Rubiales, ubicado en el departamento del Meta, Colombia, fue operado durante nueve años por Pacific Rubiales Energy, una empresa nacida en 2008 en Toronto, Canadá, tras la fusión de Petro Rubiales Corporation y Pacific Stratus Energy Limited. Según una investigación de Rutas del Conflicto (2017), esta compañía estaba liderada por exdirectivos de la estatal venezolana PDVSA, quienes aprovecharon su experiencia en la explotación de crudo pesado para obtener concesiones favorables en Colombia. Entre ellos destacan: Ronald Pantin, José Francisco Arata, Serafino Iácono y Miguel Campa.
Un informe de las ONG colombianas Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), el Proyecto de Acompañamiento Internacional (Paso) y la Escuela Nacional Sindical (ENS) reveló que la operación de Pacific Rubiales generó:
- Graves problemas ambientales
- Explotación laboral de trabajadores
- Despojo de comunidades locales
De acuerdo con la Agencia de Información Laboral de Colombia, el informe concluyó que: «La depredación del territorio por parte de Pacific fue descontrolada y, pese a explotar el mayor pozo petrolero del país, no mejoró sustancialmente la vida de las comunidades. Violó derechos laborales, contaminó aguas, afectó a comunidades indígenas de Puerto Gaitán, acaparó tierras y criminalizó a líderes sindicales, sociales y ambientales, provocando 23 grandes protestas desde su llegada en 2007».
Finalmente, luego de prolongadas disputas legales con Ecopetrol, en 2016 el contrato con el Estado colombiano no fue renovado, permitiendo que la estatal recuperara el control del activo petrolero. Como suele ocurrir en estos casos, Ecopetrol tuvo que asumir tanto la reparación ambiental como las compensaciones sociales dejadas por Pacific Rubiales.
Otro aspecto a tomar en cuenta en este análisis es la producción del campo. Pacific Rubiales priorizó la extracción rápida, lo que resultó en un acelerado crecimiento y una posterior declinación abrupta del yacimiento.
Según los reportes de la Agencia Nacional de Hidrocarburos de Colombia, en 2013, la producción promedio era de 208.000 barriles/día, pero cayó en tan solo dos años (uno antes del fin del contrato) a 163.000 barriles/día y al 2024, la producción bajó drásticamente a 98.000 barriles diarios.
A pesar de lo que ya hemos señalado, Pacific Rubiales promovió una imagen de éxito financiero y de crecimiento en la producción del campo que manejaba, incluso financiando eventos deportivos como la selección de fútbol de Colombia, golf y expediciones de montaña, con la presencia de sus directivos en medios de comunicación y eventos del jet set colombiano.
Cabe mencionar que el campo Rubiales regresó a manos de Ecopetrol luego de que la empresa comenzara a enfrentar problemas financieros. Según el portal informativo Las 2 Orillas, su deuda pasó de USD 1.300 millones a USD 5.300 millones entre 2012 y 2015, volviéndose insostenible tras la caída del precio del petróleo en 2014.
Cabe mencionar que el campo Rubiales regresó a manos de Ecopetrol luego de que la empresa comenzara a enfrentar problemas financieros. Según el portal informativo Las 2 Orillas, su deuda pasó de USD 1.300 millones a USD 5.300 millones entre 2012 y 2015, volviéndose insostenible tras la caída del precio del petróleo en 2014. Sin embargo, sus directivos, incluido su expresidente José Francisco Arata, obtuvieron millonarias liquidaciones, como los USD 8 millones que recibió Arata al retirarse.
Sacha: ¿un nuevo Rubiales en Ecuador?
El caso del campo Sacha presenta al menos una coincidencia. En diciembre de 2024, el gobierno ecuatoriano anunció el inicio del proceso de concesión a un consorcio formado por Amodaimi Oil S.L. y Petrolia S.A., esta última una filial de New Stratus Energy, empresa registrada en Canadá y con conexiones directas con el caso Rubiales en Colombia.
El actor clave en esta coincidencia es José Francisco Arata, actual presidente de New Stratus Energy, compañía que busca expandir sus operaciones en Latinoamérica a través de la obtención de concesiones de campos maduros con la promesa de incrementar su producción.
En Ecuador su primer intento se dio en noviembre de 2021, New Stratus Energy, a través de Petrolia, compró el 35% de las acciones de Repsol en los campos 16 y 67, a tan solo 13 meses de que finalice el contrato de Repsol con el Estado ecuatoriano. Para diciembre de 2022, la Superintendencia del Control del Poder del Mercado, le autorizó la compra de la totalidad de las acciones de Amodaimi Oil S.L. Un año más tarde, el Ministerio de Energía decidió no renegociar los contratos con New Stratus, argumentando que la empresa no tenía la capacidad técnica ni económica para operar los bloques (Primicias, 2022).
La amenaza para Ecuador
La posibilidad de que Sacha siga el mismo camino de Rubiales es un riesgo real. La experiencia colombiana demuestra que ceder campos estratégicos a empresas con antecedentes cuestionables puede derivar en pérdidas económicas para el Estado, afectaciones ambientales y conflictos laborales.
La posibilidad de que Sacha siga el mismo camino de Rubiales es un riesgo real. La experiencia colombiana demuestra que ceder campos estratégicos a empresas con antecedentes cuestionables puede derivar en pérdidas económicas para el Estado, afectaciones ambientales y conflictos laborales.
Además, la estructura societaria opaca de Petrolia y Amodaimi Oil S.L. — ya analizada en un artículo previo (ver aquí) — genera serias dudas sobre quién realmente se beneficiará de esta concesión y si Ecuador tendrá algún control efectivo sobre futuras transacciones.
Las preguntas sin respuesta persisten:
- ¿Por qué se entrega un campo altamente productivo a través de un proceso poco transparente y pactado debajo de la mesa desde septiembre de 2024?
- ¿Qué garantías tiene Ecuador de que no se repetirá la historia de Rubiales?
- Dado el apresurado y atropellado manejo del proceso en medio del período electoral, ¿existe alguna relación entre José Francisco Arata y las autoridades de hidrocarburos en Ecuador?
Mientras tanto, el país se encamina a ceder uno de sus activos más valiosos sin transparencia ni certezas sobre el futuro de su sector energético.
Nota: Investigación periodística del equipo de prensa de ANTEP. Toda la información presentada proviene de las fuentes citadas.
Fuentes:
- https://rutasdelconflicto.com/especiales/pacific/empresa/introduccion.html
- https://www.primicias.ec/noticias/economia/new-stratus-reclama-millones-danos/
- https://www.las2orillas.co/el-negocio-del-petrolero-esposo-de-ana-maria-trujillo-que-se-hizo-millonario-en-pacific-rubiales/
- https://www.ens.org.co/publicaciones/documentos-ens/documetos-la-escuela-106-pacific-rubiales-pre-estado-actual-los-derechos-humanos-laborales-la-industria-petrolera-puerto-gaitan-meta/
- https://ail.ens.org.co/derecho-laboral/revelan-los-costos-sociales-ambientales-laborales-los-9-anos-pacific-opero-campo-rubiales/
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