¿El alza del precio del diésel se usará para pagar más a las comercializadoras de gas de uso doméstico?

Según cálculos de la ANTEP, el incremento en las tarifas a las comercializadoras privadas de gas significará USD 63 millones adicionales por año.

La semana pasada, nuevamente el gas de uso doméstico volvió a ocupar los primeros lugares en las tendencias de las redes sociales en Ecuador, pues miles de usuarios compartían contenido sobre un supuesto aumento en el precio del cilindro de gas, como consecuencia del nuevo tarifario aprobado por la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH).

Después de 18 días de la promulgación de la Resolución Nro. ARCH-DE-2025-0029-RES, el Gobierno tuvo que emitir un comunicado asegurando que “el precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) de uso doméstico se mantiene en USD 1,65 conforme lo establece la normativa vigente”.  Sin embargo, al revisar la información pública —incluida la resolución, el tarifario y los informes técnicos— la Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y el Petróleo (ANTEP) concluye que esta resolución, no es otra cosa que un nuevo aumento de la renta privada en la comercialización de combustibles, a costa de los fondos públicos. 

Aunque el precio final al consumidor no cambie, el Estado sí destina más recursos públicos para pagar a las comercializadoras privadas, incrementando su margen de ganancia. En otras palabras, el Estado subsidia las utilidades privadas.

Para entender este entramado, hay que ir por partes.

¿De dónde viene la tarifa?

Petroecuador entrega a las empresas privadas una parte del GLP (gas de uso doméstico), para su envasado y comercialización. Por este proceso de envasar, almacenar, transportar y distribuir el gas doméstico que llega a los hogares, el Estado paga a cada empresa privada y también a Petroecuador, una tarifa. El pago por este servicio fue establecido mediante Decreto Ejecutivo del 14 de mayo de 2002, durante el gobierno de Gustavo Noboa Bejarano.

En 2015, la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH) definió un nuevo tarifario basado en una consultoría internacional, que calculó los valores a partir un promedio de los costos de transporte, comercialización y mantenimiento de cilindros de todas las empresas privadas que participaban en el negocio. 

Un análisis que reveló deudas a favor del Estado

En 2022, la Asociación de Empresas Comercializadoras de Gas Licuado de Petróleo (ASOGAS) solicitó al Viceministerio de Hidrocarburos del gobierno de Guillermo Lasso un incremento de tarifas. En respuesta, el Viceministerio pidió a la ARCH realizar un análisis técnico del período 2016–2021. Se conformó una Comisión Técnica que elaboró tres modelos matemáticos con resultados muy distintos:

• Dos modelos mostraron que las empresas privadas debían al Estado entre USD 49,44 y 78,63 millones por cobros en exceso.
• Un tercer modelo —basado en ajustes por inflación y costos fijos— indicaba que el Estado debía USD 10,67 millones a las empresas. Sin embargo, la propia comisión técnica desaconsejó este modelo por no reflejar los costos reales de cada compañía.

A pesar de esas conclusiones, tres años después, el gobierno de Daniel Noboa aprobó un incremento de tarifas que beneficia directamente a las mismas empresas privadas, sin que de por medio haya existido un nuevo estudio.

Las nuevas tarifas de 2025

Según la Resolución ARCH-DE-2025-0029-RES, el incremento se aplica por tonelada métrica despachada de GLP. Cada tonelada equivale aproximadamente a 66 bombonas de 15 kilos. Con base en esa equivalencia, el incremento en el 2025, por cilindro de gas, puede calcularse así:

*Promedio: el incremento por cilindro de GLP en 2025 equivale a USD 0,13, lo que representa un aumento promedio del 7,6 % en el pago estatal a las comercializadoras privadas.

Con base en los cálculos de la ANTEP, este ajuste representará un incremento estimado de USD 63 millones anuales, en comparación con los valores pagados por el Estado en 2024. Es decir, los recursos públicos destinados a subsidiar las ganancias privadas del gas doméstico aumentarán significativamente, pese a que el precio al consumidor se mantenga congelado.

Además, llama la atención que a todas las compañías privadas se les aumenta la tarifa, excepto a la empresa pública, a la cual se le reduce la tarifa por el mismo proceso. Llama incluso más la atención que esto suceda cuando algunas de esas empresas, simplemente arriendan los terminales de embazado de la propia Petroecuador para su proceso operativo. Es decir, el Estado paga una tarifa a empresas que arriendan las mismas instalaciones estatales para su negocio.

¿Una medida al apuro y a escondidas?

Mientras el discurso de la burguesía es que el Estado subsidia a la población el costo de los combustibles, cosa que la ANTEP ha desmentido con base en la propia información oficial (https://antepecuador.com/2025/09/20/la-decision-de-daniel-noboa-de-liberar-el-precio-del-diesel-beneficia-fundamentalmente-a-los-importadores-de-combustibles/ ), medidas como esta demuestran que el alza de precio de los combustibles, en realidad, se destina a aumentar la ganancia de comercializadores privados, a costa del incremento del costo de la vida a toda la población.

No solo llama la atención que la medida se tome justo después de subir el precio del diésel y en medio de un paro, cuando la atención pública estaba dirigida a otro problema, sino también el hecho de que se toma con algunas “ligerezas” legales:

• En 2015, el tarifario fue aprobado por el Directorio de la ARCH, mediante una decisión colegiada. 
• En 2025, la resolución fue firmada únicamente por el Director Ejecutivo encargado, sin dictamen previo del Ministerio de Economía y Finanzas, como exige el artículo 74, numeral 15, del Código de Finanzas Públicas, que dispone que toda medida con impacto en recursos públicos debe contar con un dictamen previo, obligatorio y vinculante del ente rector de las finanzas nacionales.

La política burguesa es la política del subdesarrollo

Mientras el Gobierno justifica el incremento del diésel con el argumento de “eliminar subsidios ineficientes”, lo cierto es que toda la política del Estado está dirigida a acabar con la producción nacional de derivados y privilegiar el negocio de importadores y comercializadores particulares.

La discusión para los trabajadores no puede caer en el campo de la discusión burguesa, es decir en la simple polémica entre librecambismo y proteccionismo, en la pugna entre neoliberales y progresistas. Nuestra preocupación va más allá, al problema del desarrollo nacional y la soberanía energética.

Nuestra crítica apunta fundamentalmente a que los recursos que se destinan a asegurar utilidades a comercializadores e importadores particulares, deben destinarse más bien a fortalecer la producción local de derivados, como una cuestión estratégica para el país. Hablar de combustibles, es hablar del problema de la energía, fundamental para la producción de mercancías y para el desarrollo industrial nacional.

Los trabajadores debemos levantar nuestro propio programa de desarrollo, lejos de la discusión burguesa, que ha demostrado no tener siquiera vocación nacional.