Los resultados de las concesiones en Ecuador

El discurso de que el Estado es ineficiente, como justificación para la entrega de los negocios rentables de la nación al capital privado no es nuevo. Desde el regreso a la democracia hace más de 40 años el discurso de la clase dominante ha sido que es necesario entregar a las “eficientes manos privadas” la gestión de los recursos naturales.

La industria petrolera conoce ya de primera mano estos procesos. En el correato lo llamaron contratos de prestación de servicios, hoy lo llaman concesiones. El objetivo es el mismo; en la práctica se entregan activos estatales para “administración” o “inversión” privada a cambio de una tarifa.

El primer activo en entregarse bajo esta modalidad fue Shushufindi, con un contrato de prestación de servicios que reconoce una tarifa por cada barril de petróleo incremental. A cambio, la contratista debe realizar las inversiones necesarias para obtener dicha producción adicional.

Esta figura se aplicó en varios activos, hasta que fue “perfeccionada” con el activo Auca, donde el privado recibe una tarifa ya no solo por la producción que incremente como resultado de sus inversiones, sino por toda la producción, incluida la que ya estaba en marcha y por la que no invirtió un solo centavo.

Las cifras de 2018 hechas públicas en el reporte gerencial de Ex Petroamazonas (2019), demuestran que lo único que se consiguió fue que el Estado pierda renta petrolera, que fue a parar en manos privadas como se muestra en la gráfica.

El Activo Sacha, que no fue entregado bajo esta modalidad y donde el Estado realiza toda la inversión, reportó una rentabilidad muy superior al resto de activos. El Activo Auca, por otro lado, de similares características a Sacha, reportó una utilidad 47% menor, como consecuencia de la tarifa que recibe la contratista, que incrementa los costos para el Estado. Nótese que para este período, la renta de Auca es similar a la de ITT, donde el crudo es de menor precio y el Estado ha realizado todas las inversiones desde cero.

Estos modelos quieren implementarse en todos los gobiernos, incluido el actual, para Sacha, las refinerías y otros activos del estado. Los resultados serán los mismos. Los trabajadores debemos pasar de la consigna en contra de la privatización, a la demostración científica de nuestras aseveraciones. Hablamos con cifras, y exigimos al gobierno transparentar también con cifras sus intenciones.

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