La noche de ayer, la Asamblea Nacional permitió que el proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia Covid 19, pase por el Ministerio de la Ley. Además del impacto al bolsillo de los trabajadores por el incremento de impuestos, el golpe más grande que acaban de darle al país es permitir que pase la reforma a la Ley de Hidrocarburos, que da luz verde a la privatización de los campos operados por Petroecuador, refinerías y otras instalaciones hidrocarburíferas.
Los votos de la bancada de UNES y el oficialismo permitieron esto, elevando a categoría de Ley la privatización total de campos petroleros operados por el Estado. Este proceder no es nuevo, solo consolida la política de privatización que inicio en el 2012 en su propio Gobierno, claro, con los límites que la Ley vigente les imponía.
Los trabajadores de la energía y el petróleo hemos demostrado con cifras que en los últimos 10 años, toda privatización de campos en producción de la empresa estatal ha sido perjudicial para el fisco y el pueblo ecuatoriano, esta vez no será la excepción, más aún cuando ahora están en juego el Campo Sacha, llamado la “Joya de la Corona” y las tres refinerías con las que cuenta el país, mismas que producen el 45% de los combustibles que se consumen en el interno y también permiten la exportación de derivados, lo que equilibra de manera positiva la balanza de producción y comercialización de combustibles.
La ley que pasará el Ministerio de la Ley permitirá principalmente:
- La delegación de los campos en producción a la iniciativa privada, sin inversión de riesgo o en construcción de infraestructura, únicamente el usufructo de la renta que ahora le pertenece al Estado.
- Cambio de contratos de prestación de servicios a contratos de participación, sin tomar en cuenta los volúmenes de producción comprometidos en contratos de preventa petrolera, lo que abre la posibilidad de que, a futuro, el Ecuador deba comprar crudo a precio internacional para pagar sus deudas contraídas en años pasados.
- Incorpora la privatización de la refinación, importación y distribución de combustibles, con lo que se cierra el círculo de la liberación de precios de derivados, y se corrobora que la intención de la medida fue facilitar la privatización.
El pacto bipartidista se impone, el de la política neoliberal que busca maximizar las ganancias de la empresa privada a costa del bolsillo de los ecuatorianos y de la entrega del patrimonio de las generaciones futuras.
Los trabajadores de la energía y el petróleo nos mantenemos en pie de lucha contra la aplicación efectiva de esta Ley, y trazaremos el camino de la acción para seguir en la defensa de los recursos nacionales.
ANTEP 