ANTEP advierte que las ofertas confidenciales y las negociaciones sin control público repiten el cuestionado procedimiento iniciado por el Gobierno de Daniel Noboa en diciembre de 2024. Con un costo de producción cercano a USD 7 por barril, no existe una fórmula económica que haga más rentable la concesión que la operación directa de Petroecuador.
De acuerdo con declaraciones del ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum, el Gobierno ha recibido alrededor de 20 ofertas no solicitadas de empresas extranjeras interesadas en operar el Campo Sacha. El funcionario confirmó, además, que se suscribieron acuerdos de confidencialidad y que la decisión final estará en manos del presidente Daniel Noboa.
Para ANTEP, estas declaraciones confirman que el futuro del activo petrolero más productivo del país vuelve a negociarse bajo sospecha, sin que la ciudadanía conozca los nombres de las empresas interesadas, las condiciones económicas ofrecidas, los compromisos de inversión ni los criterios con los que se compararán las propuestas.
El secretismo vuelve a repetirse
Esta historia no es nueva. El 23 de diciembre de 2024 se publicó el Acuerdo Ministerial No. 40, emitido semanas antes y sin anuncio público, mediante el cual se inició el proceso para retirar a Petroecuador la operación del Campo Sacha. ANTEP advirtió entonces que la decisión se sustentaba en una sola oferta no solicitada y que no existía un informe técnico de Petroecuador que demostrara una supuesta incapacidad económica o técnica para continuar operando el campo.
En diciembre de 2024, nuestra organización publicó un análisis económico que estimó que la privatización (bajo las condiciones entonces conocidas), podía ocasionar al Estado una pérdida de USD 1.044 millones, incluso después de considerar la prima anticipada ofrecida. El mismo estudio demostró que, mientras más alto fuera el precio del petróleo, mayor sería el perjuicio para el país.
Posteriormente, ANTEP alertó sobre las dudas relacionadas con las empresas y personas que se encontraban detrás del negocio, así como sobre la ausencia de documentos públicos que justificaran la salida de Petroecuador. Las denuncias de los trabajadores sobre este proceso fueron, además, la razón del despido injustificado de nuestro secretario de Organización, David Almeida, como represalia por su defensa de la operación estatal de Sacha y posteriormente 1300 trabajadores más de Petroecuador.
Pese a las advertencias, el 28 de febrero de 2025 el gobierno adjudicó directamente y sin concurso la operación del campo, por 20 años, al consorcio conformado por Amodaimi, filial de la empresa china Sinopec, y Petrolia, subsidiaria de la canadiense New Stratus Energy. El proceso se detuvo porque fue imposible sostener ante la opinión pública la entrega de Sacha y además porque el consorcio no pagó la prima ofrecida de USD 1.500 millones.
Hoy, poco más de un año después, el Gobierno repite el intento y vuelve a colocar la confidencialidad por encima de la transparencia.
Las matemáticas no justifican la entrega de Sacha
Sacha produce actualmente más de 70.000 barriles diarios y continúa siendo el campo petrolero más productivo y estratégico del Ecuador.
Su costo de producción bordea los USD 7 por barril, uno de los más bajos de la industria nacional. Bajo la operación de Petroecuador, el Estado conserva el 100 % de la producción y de los ingresos generados, descontados los costos correspondientes.
En el actual escenario de precios internacionales, con el WTI por encima de USD 90 por barril, la diferencia entre el precio de referencia y el costo de producción de Sacha permite estimar un margen bruto cercano a USD 80 por barril, antes de transporte, inversiones y demás costos aplicables. Los altos precios incrementan el valor económico del campo y hacen todavía más inconveniente compartir su producción y rentabilidad con un operador privado.
No existe una fórmula matemática mediante la cual entregar a una empresa privada un porcentaje de la producción pueda resultar más rentable para el Estado que mantener el 100 % de los ingresos de un campo que Petroecuador ya opera, conoce y ha logrado sostener como el más productivo del país.
El financiamiento es una decisión de prioridades
ANTEP rechaza el argumento de que Petroecuador carece de recursos para invertir en Sacha. Según el Boletín Analítico del Sector Petrolero del Banco Central del Ecuador, durante el primer trimestre de 2026, la empresa pública exportó 24,68 millones de barriles de crudo por USD 1.604 millones.
Por tanto, el problema no es la inexistencia de ingresos, sino la decisión política de no reinvertir una parte suficiente de los recursos generados por la propia actividad petrolera. Lo responsable, inteligente y conveniente para el país es priorizar la inversión en los campos que producen más, cuestan menos y entregan mayores ingresos al Estado.
El Gobierno debe transparentar las matemáticas con las que pretende justificar la privatización de Sacha: los modelos económicos, los costos, las inversiones previstas y, fundamentalmente, el porcentaje de la renta petrolera que permanecería en manos del Estado. Auca constituye ya el ejemplo más patético del atraco petrolero, y ahora pretenden conducir a Sacha por el mismo camino.
Si esas cifras, además de ser públicas, verificables y sujetas a control, no demuestran que entregar Sacha es más conveniente para el país que mantener su operación directa y conservar el 100 % de su producción y renta petrolera, este nuevo proceso solo podrá entenderse como otro intento de favorecer intereses particulares, tal como ocurrió en 2024.
ANTEP 